En el día a día leemos diferentes noticias que se llevan por delante a grandes gestores, economistas, fiscales, políticos o diferentes profesionales que han cometido distintos tipos de fraudes o actividades ilícitas que afectan, en última instancia, a la empresa en la que trabajan.
Estas empresas afectadas tienen una gran labor por delante puesto que deben evitar que su imagen se vea perjudicada por las actividades ilícitas que ese trabajador específico haya podido cometer y por eso muchas de ellas deciden acudir a una asesoría de pymes que pueda guiarles antes, durante y después de que sucedan acontecimientos similares a estos.
Recientemente hemos visto el caso de las “Tarjetas Black” de Bankia o los presuntos delitos en los que se ha visto envuelta la escuela de negocios Nóos, a pesar de que esta última ya emitió un comunicado desmintiendo la vinculación entre el profesional imputado por los delitos y la escuela. Efectivamente, las marcas o empresas de los trabajadores imputados terminan viéndose afectadas por el proceso penal en cuestión y lo hacen mediante la degradación de su imagen pública.
Muchos expertos en marketing y comunicación legal aseguran que un litigio de estas características afectará a la marca o empresa casi 100% seguro puesto que no se puede desligar el plano personal del profesional de la persona afectada: la marca personal del profesional es parte de la marca corporativa. De hecho, en la mayoría de ocasiones, otras empresas vinculadas a la empresa principal del afectado también llegan a notar las repercusiones negativas.
Por eso, una de las medidas más inmediata que cualquier gestora de marca recomienda es la dimisión de la persona que está afectando a la imagen de la empresa. Una dimisión no garantizará la eliminación de la crisis de reputación pero sí ayudará a mitigarla en cierta medida.
